La Fiscalía Anticorrupción solicita penas que oscilan entre los 6 y 7 años para cada uno de los 22 miembros del Consejo de Administración del Canal de Isabel II, que aprobaron la adquisición de la mayoría de las acciones de la mercantil colombiana por 73 millones de dólares en 2001, y una indemnización conjunta de 20 millones de euros. Entre estos investigados a los que la Fiscalía pretende llevar a juicio figuran dos exconsejeros del gobierno autonómico de Gallardón de aquella época, Pedro Calvo Poch y Juan Bravo.
|
etiquetas: canal isabel ll , inassa , corrupción , fiscalía , comunidad de madrid , pp 
