"El Gobierno no nos ha llamado ni siquiera para comunicarnos esta decisión", lamenta Ana López-Casero, tesorera del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos. "El lunes le pusimos sobre la mesa un plan para una distribución controlada de estos productos, como se ha hecho en países como Taiwan, y vinculada a la receta electrónica, para poder controlar quiénes compran y cuántas unidades se llevan, pero ni siquiera hemos tenido respuesta".
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