El principal sistema usado por las empresas europeas para compensar sus emisiones de CO2 en países en desarrollo está bajo sospecha. La Comisión Europea ha propuesto a los Estados prohibir el uso de créditos de CO2 derivados de la quema de un gas de efecto invernadero, el HFC-23, porque considera que en realidad el sistema ha impulsado el aumento de sustancias que dañan la capa de ozono y duda de que se reduzcan las emisiones de dióxido de carbono.
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