José María Arias Mosquera, presidente del Banco Pastor hasta ser adquirido por Popular en 2011 y vicepresidente de este último hasta su venta a Santander, ordenó destruir documentos para tapar un presunto delito de blanqueo de capitales. De esta operativa se habrían beneficiado sociedades investigadas en el marco del Caso Gürtel por importe de más de 1.200 millones de euros.
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