Tirón de orejas del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a España. En una sentencia hecha pública hoy, el organismo dicta que España tendrá que indemnizar a los particulares que han reclamado responsabilidad patrimonial al Estado por incumplir leyes comunitarias. Así, se anulan las trabas que el Gobierno español puso en 2015 para evitar resarcir a los ciudadanos, mediante la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015.
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