Los servicios jurídicos del Govern de les Illes Balears están trabajando en buscar fórmulas para que los infractores en casos de corrupción devuelvan el dinero defraudado a la Comunitat Autónoma. Una de las opciones que se barajan es el embargo de bienes de los encausados en los numerosos casos de corrupción acaecidos en Balears.
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