El uso de este software de espionaje, que permite una vigilancia total de los smartphones con tan solo clicar en un enlace, se ha detectado ya en 45 países, 7 de ellos europeos, aunque no en España. Solo puede ser usado por los gobiernos y oficialmente está restringido a investigaciones de crimen organizado y terrorismo. Pese a ello, se ha documentado su uso contra periodistas, activistas y miembros de ONG.
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