Estas irregularidades habrían alcanzado la cifra de más de diez mil millones de euros (10.000.000.000 €), y se están incrementando en seiscientos mil euros (600.000 €) cada día. Y están implicados desde compañías eléctricas (Unesa-Asociación Española de la Industria Eléctrica), hasta el propio Estado Español, utilizando el BOE como instrumento para cometer el delito, y amparado por los tribunales que hacen caso omiso. Como dice el colegiado "la energía es un bien necesario, y quien controla la energía controla el poder, incluso a la política".
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