La decisión de Gestamp, a través de su filial Gonvarri, de dar marcha atrás en su intención de adquirir el 28% de Abengoa a través de una inyección de 350 millones de euros, no sólo deja a la compañía en una posición muy delicada si quiere evitar el concurso de acreedores, sino que puede causar un agujero considerable en las arcas públicas. El Estado, a través del ICO, Bankia (controlada por el FROB) e incluso el CESCE, tiene una exposición de más de 700 millones de euros a la empresa sevillana.
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