Finlandia, España y Portugal consideran que la nueva normativa no valora lo suficiente los esfuerzos realizados hasta el momento en materia de ahorro de energía, una cuestión que las autoridades de Lisboa consideran "injusta", según el citado texto. España y Portugal señalaron que las nuevas normas exigen un aumento del gasto público, en un momento en que varios Estados miembros tienen dificultades económicas
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