El PP alumbró en el año 2001 un abstruso sistema para controlar políticamente el recibo de luz: las eléctricas dejaban de cobrar el precio real de la electricidad y se conformaban con el coste regulado que fijaba el Ejecutivo. ¿Perdían la diferencia? Ni mucho menos. Esa brecha –conocida como déficit de tarifa- se reconocía a las compañías, que la financiaban e incorporaban a sus cuentas de forma diferida con cargo a las facturas de años siguientes. El PSOE, conforme con un modelo tan beneficioso desde el punto de vista político, miró......
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