El Estado no asumirá "en ningún caso la defensa del juez Pablo Llarena por los actos privados que se le atribuyen". "La demanda presentada incluye referencias a expresiones privadas realizadas por el juez Llarena ante las que el Gobierno no puede actuar", sostiene Justicia. España sí se personará en la causa para defender lo referente a la función jurisdiccional del magistrado.
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