Era una de las condiciones que la Comisión Europea había puesto a España a cambio de concederle un año más de margen para ajustar las cuentas públicas. El Gobierno debía presentar a lo largo del mes de julio un presupuesto bienal en el que detallara cómo pretendía terminar 2014 con un déficit por debajo del 3% del PIB
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