Hasta ahora, el Gobierno ha intentado mantener el sobredimensionado sector público subiendo los impuestos a las familias y a las empresas. Racionalizando algunas de las partes más infladas del sector público supondría un ahorro de unos 80.000 millones de euros. Con ello se reduciría el déficit en un 90%, sin ninguna subida de impuestos.
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