Imagínese que usted invierte en un negocio de acuerdo con unas normas aprobadas por el Boletín Oficial del Estado. Se endeuda en una empresa para la que contaba con unos incentivos –llamados primas– para contribuir a la inversión y a la implantación de un modelo energético fundamentado en energías renovables y limpias. Y suponga que, una década después, el BOE dice algo completamente distinto: el Consejo de Ministros tiene pendiente aprobar que los incentivos caigan un 20% y que los cálculos para recibirlos serán revisables cada seis años.
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