En agosto del 2012, cuando el Ministerio de Sanidad dio a conocer el listado definitivo de los 417 medicamentos que dejarían de tener financiación pública a partir del 1 de septiembre, médicos y farmacéuticos levantaron la voz de alarma. Al no estar sometidos a los precios de referencia impuestos por la Administración, estos fármacos podrían subir su precio de forma libre. No hubo que esperar mucho para que los vaticinios de los expertos se cumpliesen. A los seis meses, algunos de estos medicamentos aumentaron su precio un 117 %.
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