El 15 de junio del 2012 la vicepresidenta Soraya Saenz de Santamaría anunciaba en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros la modificación de la ley de transportes terrestres. Esta reforma (el gobierno le llama a todo reformas) contenía grandes medidas que las empresas de autobuses pudieran hacer sus gestiones por internet (¡oh!), hacía públicos los datos de los transportistas con contratos (¡ah!) y obliga a los operadores a inscribir sus líneas en un registro.
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