La fiscal, encargada del macrosumario sobre la trama Púnica, entre otros procedimientos, invocó el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para tratar de obtener respaldo a su intención de practicar una serie de diligencias que el responsable no veía necesarias. Buscaba reclamar al juez que se dirigiera a la Agencia Tributaria y defendía que había indicios de revelación de secreros en esos emails, con datos de periodistas y políticos.
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