Si el juez paralizase la aplicación del real decreto del carbón, el golpe para la minería sería devastador. Con muchas empresas prácticamente desmanteladas y sin actividad, con los trabajadores despedidos o en regulaciones temporales de empleo, la obligación impuesta por el Gobierno para que las eléctricas compren una cantidad establecida de carbón de forma mensual se veía como el único un paso para la vuelta a la actividad. Sin embargo, de anularse esta medida, la situación de las compañías mineras volverá a ser dramática.
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