El detenido proporcionó falsos contratos de trabajo a unos 50 inmigrantes a cambio de entre 150 y 600 euros, según el Cuerpo Nacional de Policia. Los extranjeros empleaban estos documentos fraudulentos para renovar los permisos de residencia. La trama, que operó desde 2006 y 2009, mantenía al trabajador en la cotización de la Seguridad Social y luego cobraba las prestaciones por desempleo. El juez le acusa de un delito contra los derechos de los trabajadores, otro contra la Seguridad Social y estafa.
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