"La idea de que las pérdidas económicas debidas a los fraudes eléctricos son sufridas por la compañía eléctrica es totalmente equivocada. Lo que los defraudadores defraudan repercute directamente en los bolsillos de los ciudadanos que no defraudan, llegando a un incremento anual de la factura eléctrica de 150 millones de euros el pasado año". Es decir, los ciudadanos que pagan por la electricidad, pagan también la electricidad que los defraudadores usan pero no pagan. Cada plantación de marihuana consume tanta electricidad como 80 familias.
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