La legislación española tanto en materia de salud como de seguridad en el trabajo no contempla la vacunación obligatoria, si bien no podría descartarse que un empresario lo solicite para sus empleados y un juez pudiera obligar a hacerlo en circunstancias muy concretas.La cuestión se centra en un posible conflicto entre dos bienes jurídicos igualmente protegidos como son la salud pública y determinados derechos individuales constitucionalmente reconocidos, como son el derecho a la libertad, la intimidad o a la objeción de conciencia
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