Son decenas, tal vez cientos, los empresarios vascos que en las últimas cuatro décadas cedieron al chantaje de ETA y acabaron pagando el llamado impuesto revolucionario. Casi todos por miedo, y la inmensa mayoría para proteger a sus familias. Pero muchos más hicieron frente a los intentos de extorsión y rechazaron contribuir económicamente a la caja etarra.
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