Los nueve empresarios valencianos que han confesado financiar al PP valenciano en la etapa de Francisco Camps evitarán la prisión con el pago de una multa. La condena pesará sobre su persona pero sus empresas, a través de las que realizaron los pagos ilegales y las facturas falsas, seguirán sin mácula al no haber sido condenadas. Y es que en 2009, cuando se les imputó por los los delitos ahora confesados, el Código Penal no permitía procesar a una sociedad.
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