Urboparma, una empresa subcontratada por FCC, a la que el Ayuntamiento de Madrid adjudicó parte de las obras de la M-30 podría hacer cometido un delito de explotación laboral (Cuatro). Al parecer, los trabajadores realizaban jornadas de 12 y 14 horas durante siete días a la semana. A los obreros se les daba documentación falsa y se les envíaba directamente a Urboparma. El día siguiente a la inauguración de los túneles, cuando iban a cobrar por el trabajo realizado, se encontraron la oficina cerrada y una patrulla de la GC para deternelos.
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