Una empresa de chorizos y jamones de la Sierra Norte de Sevilla es el punto de conexión entre el caso ERE y las supuestas irregularidades en el manejo de los fondos de formación por parte de UGT. El dueño de la empresa Planificación, Cooperación y Desarrollo (PCD), que facturó 7,9 millones de euros a UGT por impartir cursos de formación tras haber sido fundada por un dirigente del sindicato, es también propietario de un matadero –Pema Embutidos y Jamones– que recibió 700.000 euros del fondo de reptiles
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