El Constitucional se ha partido en dos mitades en el debate sobre el estado de alarma y su posible inconstitucionalidad. Cinco magistrados sostienen que el Gobierno llevó a cabo una correcta gestión de la emergencia sanitaria al utilizar la declaración del estado de alarma como paraguas legal para acordar el confinamiento. Otros cinco consideran que esa decisión fue equivocada porque la orden de permanecer en los domicilios entrañó una suspensión de derechos fundamentales y que debió darse declarando previamente el estado de excepción.
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