El Gobierno reconoce y acepta su incapacidad para defender los intereses de los españoles residentes en Venezuela. En un telegrama, dirigido por el embajador de España en Caracas al ministro de Asuntos Exteriores asegura que “la única manera de proceder es la antes descrita: aguantar y negociar lo mejor que se pueda”, y “mantener abierto el procedimiento en espera de una decisión de alto nivel político del presidente o de un cambio de la ecuación en Venezuela”, eufemismo que parece aludir a un eventual derrocamiento de Chávez.
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