El poner al frente de un Ministerio a una persona que es parte interesada de la legislación que pretende aprobar es un error político mayúsculo. ¿Se imaginan ustedes a las víctimas del terrorismo promulgando las condiciones penitenciarias de los etarras? ¿O a los padres de niños asesinados al frente del Ministerio de Justicia para aprobar la pena de muerte para los mismos? Es, de todo punto, inadmisible.
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