En definitiva, aunque se ha dicho que la utilización del artículo 155 acarrearía la suspensión automática de la autonomía en Cataluña, lo que contempla el mecanismo constitucional es más bien la intervención del Estado, es decir, que la autoridad autonómica pase a estar dirigida por el Gobierno central. La ambigüedad de la redacción del artículo 155 es deliberada, porque los legisladores quisieron que fuera lo bastante flexible como para poder aplicarse en una diversidad de situaciones.
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