Las investigaciones se iniciaron en el mes de marzo cuando una persona denunció haber sido “perseguido y acosado” mientras conducía su turismo por una de las avenidas de la capital onubense hasta “ser obligado” a detenerse al cruzarse en su mismo carril y sentido de la marcha otro vehículo ocupado por personas de etnia gitana. Los detenidos tenían hasta 14 siniestros en un año, habiendo siendo indemnizados por varios de ellos.
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