La reforma laboral del Partido Popular ha generado un nuevo terreno de juego para las relaciones entre empresarios y trabajadores plagado de datos negativos. Los despidos objetivos han crecido en el Estado durante el primer trimestre un 44% mientras que los expedientes de regulación de empleo que conllevan extinción del puesto de trabajo se dispararon un 56%, según el balance de UGT de los primeros tres meses de la nueva normativa.
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