La misma legislación que se ha creado para que Juan Carlos I siga siendo rey (emérito) para así no tener que responder por sus delitos, debería tener también consecuencias como que para irse de España e instalarse en Abu Dabi, fijando su residencia fiscal allí, Juan Carlos I debería necesitar recibir la autorización del Gobierno o del Congreso. Sin embargo, Juan Carlos I solo toma de esa legislación aquello que le conviene, y, para lo demás, actúa por su cuenta, sin importar si la contraviene.
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