En 2015, un dictamen de la intervención general y un informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Comunidad instaban a la disolución de la planta por los daños que supone a las arcas públicas. La dársena de Escombreras, donde está ubicada la planta, es uno de los puntos más contaminados de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Cartagena ya se ha negado a emplear el agua de la desalinizadora por riesgo de contaminación
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