Los puestos de responsabilidad del aparato de Estado en ámbitos como la economía, la Policía, la justicia, las Fuerzas Armadas y los medios públicos quedan en manos de personas de la máxima confianza de Orban, con mandatos blindados de 9 a 12 años. Desde diciembre, una nueva ley de medios aprobada hace un año por el Parlamento permite ya al Gobierno ejercer un férreo control sobre el trabajo de los periodistas.
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