A juicio de Acai, la actual ley protege a las menores "en desamparo, en riesgo social, procedentes de familias desestructuradas", que calcula en cuatrocientas al año, al permitirles "interrumpir su gestación de manera legal y con seguridad médica". "No permitírselo las abocará a un aborto clandestino, poniendo en riesgo su integridad", asevera esa asociación en una nota de prensa.
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