La Dirección General de Personas Mayores de la Junta y la Cámara de Cuentas, un órgano dependiente del Parlamento y encargado de fiscalizar los fondos públicos de la Comunidad, fueron los destinatarios de la denuncia que en sucesivos escritos les trasladó el vicepresidente primero del Consejo Provincial de Mayores de Sevilla, Francisco Gómez Corrales, y en los que daba cuenta de presuntas irregularidades en el balance del ejercicio económico que se aprobó en el congreso que la Federación de la Organización Andaluza de Mayores (FOAM)
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