Carles Puigdemont y otros consellers alegaron en 2018 ante el Tribunal de Bruselas que Llarena violó la ley de la UE en relación con "la libertad de expresión, los procedimientos judiciales y la presunción de inocencia" por su instrucción del caso del 1-O. Los políticos alegaron que las declaraciones del magistrado ponían de manifiesto la "parcialidad y partidismo" del juez, el cual trato de desacreditar la acción política de los demandantes y que quería instaurar un clima perjudicial contra ellos.
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