Alcaldes, vecinos y pequeñas funerarias llevan años reclamando derogar una ley que solo mantienen algunas comunidades y que limita el transporte de cadáveres entre regiones. La diputación de Ávila puso por primera vez el tema en la agenda política hace unos días, aprobando por unanimidad una moción que pide a la Junta llegar a acuerdos con otras comunidades vecinas para eliminar los “obstáculos legales” que existen para el traslado de personas fallecidas.
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