Cuando hablamos de las presiones atendidas y las reuniones de la Embajada de EEUU con los ministros, con el fiscal general del Estado, Conde-Pumpido, y el fiscal de la Audiencia, Javier Zaragoza, nos referimos, más concretamente, a una conspiración de los representantes legales de la defensa, el Gobierno y la Fiscalía contra las víctimas de estos crímenes y contra los jueces que se atrevieron a investigarlos.
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