El obispado no ha aclarado por qué no denunció el caso antes, cuando la pareja del cura, presuntamente, les avisó, ni tampoco por qué se decidió trasladar al sacerdote de Melilla a Málaga tras esa denuncia y no se la apartó de sus funciones clericales. A preguntas de los periodistas el secretario general de la CEE ha explicado, en referencia a un caso general, que el derecho canónico prevé cómo actuar ante estas situaciones y que el obispo de la diócesis afectada debe invitar a denunciarlo ante las autoridades correspondientes.
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