A través del Ministerio del Interior, los 33,4 millones de euros se destinan a Correos por la imposición de obligaciones postales al tener la competencia exclusiva del Estado en esta materia. Por lo tanto, para la Administración General del Estado el coste del voto por correo se limita a la compensación a Correos por prestar los servicios de envío. La imposición de estas obligaciones se acuerda, anualmente, en Consejo de Ministros.
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