Una mujer separada, sin ingresos y su hijo menor, tienen que residir en una habitación de un piso compartido porque su vivienda ha sido ocupada por una familia con ingresos laborales. Pese a que ya hay una orden judicial de desahucio, miembros de la PAH impiden que se pueda hacer efectiva la sentencia hasta que no se busque otro piso para la familia ocupa. El piso está a nombre de la mujer que reclama su propiedad. Los servicios sociales conocen la situación desde hace 8 meses, pero la madre y el menor deberán seguir viviendo en la habitación
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