La Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, con sede en Costa Rica, ordenó al Estado de Venezuela reintegrar al Poder Judicial a tres jueces que fueron destituidos de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en 2003 a causa de un "error judicial inexcusable". La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alegó en su demanda que los jueces "fueron destituidos por razones estrictamente políticas, a fin de dar paso a otros jueces cercanos al oficialismo y al ideario político del actual Gobierno".
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