La corrupción saquea las arcas del Estado, las reservas que financian los servicios al ciudadano, sus derechos y prestaciones sociales. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cifra en 90.000 millones de euros al año el coste de estos delitos en España. Más de la mitad, 47.500 millones de euros, el 4,5% del PIB, corresponde a sobrecostes administrativos por las deficiencias en el control de las contrataciones públicas. Por esto dice Jesús Lizcano que la corrupción es un impuesto implícito al ciudadano, una pérdida.
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