El ahorro previsto por el Gobierno en su decreto sanitario para prestaciones como las prótesis —700 millones— puede ser escaso comparado con el golpe que, dicen, sufrirá un colectivo, el de las personas con discapacidad, ya acostumbrado a perder. Los responsables de las organizaciones que los representan aseguran que la pérdida de poder adquisitivo que entraña para ellos la reforma dará un tiro mortal a la todavía precaria integración de estas personas
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