Las nuevas tasas judiciales impulsadas por el Gobierno del PP y su ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, limitarán el acceso a la justicia de miles de ciudadanos. La cantidad que deberán desembolsar para pleitear o recurrir una sentencia es elevada y, en muchos casos, no valdrá la pena acudir a los tribunales para defender lo que se considera que es justo.En Catalunya, la situación se agrava por la tasa de la Generalitat, que lleva unos seis meses en vigor.
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