Sindicatos, colectivos y fuerzas políticas denunciaron, a raíz de la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en la que se daba orden a la Comisión Galega da Competencia para incoar un expediente sancionador contra Monbus y Alsa "por indicios de haber podido repartirse el mercado", que la relación que mantiene el Gobierno de Galicia con Monbus es "solo la punta del iceberg del amiguismo de la Xunta".
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