Por primer vez, las competencias de Prisiones dependen del Gobierno Vasco. Las distintas ramas de la administración han externalizado sus funciones a los miembros del cártel de consultoras, el informático y el de comedores. Algunas de estas firmas se encuentran bajo la lupa del organismo regulador vasco, precisamente por irregularidades en materia de contratación con el Ejecutivo de Iñigo Urkullu, o han sido sancionadas por la CNMC.
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