Dos leyes estaban llamadas a revolucionar, siquiera modestamente, el panorama político andaluz: las de transparencia y participación. La Junta de Andalucía cuenta ya, en el segundo caso, con un documento basado en aportaciones de la sociedad que servirá de base al futuro anteproyecto de norma. No será un camino fácil: las consultas y acuerdos populares y los presupuestos participativos son herramientas potencialmente controvertidas desde el punto de vista jurídico.
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